Desde julio se debate con cierto sigilo, en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, una reforma constitucional que busca extender por 10 años el Crédito Especial IVA a las Empresas Constructoras (CEEC).
La técnica legislativa de impulsar cambios vía la incorporación de nuevos artículos en la Carta Fundamental ha sido cuestionada y calificada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, de “parlamentarismo de facto”. En la misma comisión también se aprobó hace unas semanas otro proyecto controvertido, que plantea extender a un año el posnatal parental.
La propuesta fue presentada en julio por la diputada Yovana Ahumada (ind. del comité Social Cristiano), y cuenta con el apoyo de los diputados Félix González (FA), Mónica Arce (ind.), Viviana Delgado (ind.), Carla Morales (RN) y Emilia Nuyado (PS). Por no lograr el quórum necesario, en diciembre la instancia de Economía no respaldó la idea de legislar la reforma, pero los parlamentarios que la apoyan buscarán de regreso del receso legislativo que la Sala revierta la votación.
La propuesta
El texto de la moción parlamentaria plantea: “Prorrógase por el lapso de 10 años a contar de la fecha de publicación de la presente reforma, el Crédito Especial a la Construcción, cuya eliminación está programada a contar del 1º de enero de 2025, para de esta forma generar un incentivo a la construcción de viviendas, en especial aquellas de interés social que no superan las 2.000 Unidades de Fomento”.
La norma original de 1975 se estableció con el objeto de evitar que la incorporación de IVA en la actividad de la construcción produjera un aumento en el precio de las viviendas. Sin embargo, en 2021 la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad, convocada por el entonces ministro de Hacienda Ignacio Briones, recomendó de forma unánime su eliminación.
Señaló que el objetivo de disminuir el precio de las viviendas para determinado sector de la población puede lograrse mediante otros instrumentos. Acogiendo esa recomendación, el gobierno de Sebastián Piñera II logró aprobar la eliminación gradual del CEEC en la reforma legal que reguló en 2022 el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU). En esa ley se eliminaron otros beneficios como la exención de IVA a los servicios.
A través de la Ley N° 21.558 (de plan de emergencia habitacional) se propuso alargar la transición en el fin del crédito a la construcción. Así, a contar del 1 de enero del 2025 las empresas constructoras podrán deducir un 0,1625 del débito del IVA, siempre que se haya obtenido el respectivo permiso de edificación y las obras se hayan iniciado antes del 1 de enero del 2027.
El debate
La diputada Yovana Ahumada defiende su propuesta. “Es importante levantar el debate (…). Tenemos una crisis habitacional no resuelta, tenemos altos precios y obviamente lo que aquí se busca es empujar la activación en el tema de viviendas en la clase media. Es importante que eso se exponga y que busquemos acuerdos”, dice.
En una presentación realizada a los diputados por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se criticó que ese proyecto busca sortear la iniciativa exclusiva presidencial que establece la Constitución en materia de impuestos. “Esta técnica se ha visto crecientemente utilizada en materias muy diversas, que incluyen el retiro de fondos previsionales, el establecimiento de una renta básica universal, y la consagración y suspensión de impuestos”, afirma Hacienda.
La cartera también advierte que de aprobarse la reforma constitucional, implicaría una menor recaudación fiscal en el período de 10 años comprendido entre 2025 y 2035 de $4.911.879 millones (US$ 4.887 millones), lo revertiría en casi tres veces el monto que se aprobó para financiar la PGU.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) propusieron para la vivienda que se vende con subsidio un mecanismo transitorio de reemplazo del fin del CEEC. Consiste en entregar a los compradores un váucher equivalente al valor del CEEC, que permita aumentar el ahorro o complementar el pie para la compra.
Nota publicada por El Mercurio.
